Ramón y un proyecto sobre asociaciones de consumidores
El Diputado Nacional por Mendoza, José Luis Ramón, presentó en la plataforma virtual Leyes Abiertas de la Cámara de Diputados (HCDN), un proyecto de Ley para regular íntegramente a las asociaciones de defensa del consumidor. El escrito propone establecer los criterios para normar las asociaciones desde el inicio de su existencia, su funcionamiento y desarrollo, hasta su extinción, tomando como guía la Ley de Entidades Sindicales para sus principales puntos.
El objetivo principal del proyecto es fomentar el asociativismo entre consumidores, y fortalecer su posición frente a los proveedores a través de la organización y la solución colectiva de sus problemas, tal y como se organiza el movimiento sindical frente a los empleadores. Los consumidores unidos harán escuchar su voz y serán más fuertes.
Las Asociaciones son fundamentales para la protección de los consumidores y usuarios, porque cuando el Estado no puede llegar o es insuficiente, la unión los protege. Lamentablemente, hoy en día, la falta de leyes claras y precisas hacen que la autoridad de turno pueda complicar su trabajo, o incluso cerrarlas. Así presionadas, las asociaciones no pueden defender a los consumidores en todos los casos, y deben ocuparse de no enemistarse con el gobierno de turno. Para esto, tenemos que generar las garantías para asegurar su labor.
El proyecto, propone transparentar los aportes a las asociaciones y asegurar que lleguen a donde tienen que llegar. Para hacer más fuerte el sistema, se genera una tasa de fiscalización para las empresas más grandes y con mayor cantidad de denuncias de los consumidores. Esto permitirá un control más amplio de las infracciones, y asegurará que los derechos que los consumidores tienen no queden expuestos a empresas que no quieren cumplirlos.
Otra novedad, es la sustitución del registro actual de asociaciones, para terminar con la censura y el condicionamiento de los gobiernos de turno. Con el esquema que proponemos, para dar de baja a una asociación e impedir a los consumidores que se defiendan, se necesita la orden de un juez, y no la simple lapicera de un funcionario.
Se establece, además, un Consejo de Defensa de Consumidores conformado por todas las asociaciones, para que la voz de los consumidores se escuche en las decisiones que los afecten y no queden únicamente las opiniones luego de que se firman los decretos. Se asegura así, más transparencia, y más apertura de las decisiones públicas, para que los consumidores puedan conocer la definición sobre un aumento o la posible pérdida de un derecho, con tiempo suficiente para realizar su defensa.
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