domingo, noviembre 24, 2024
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AGENDA AMBIENTAL Y SANITARIA

El intendente Gustavo Arrieta participó de una audiencia pública conformada por el juez federal Jorge Rodríguez y autoridades de ACUMAR y CEAMSE para debatir y precisar medidas en materia ambiental y sanitaria.

El mandatario, acompañado del secretario de Gobierno, Dr. Emilio Contreras y el secretario Legal y Técnica, Dr. Roberto Fernández Meire; formó parte de la audiencia judicial celebrada en la sede del Juzgado Federal Nº2 de Morón con la intención de abordar un temario sobre salud y saneamiento ambiental.

Participaron de la reunión la titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Dorina Bonetti; la secretaria del juzgado, Dra. Bárbara Moramarco y responsables técnicos de la empresa CEAMSE.

En principio establecieron el acta de cierre del vertedero municipal de Cañuelas, acción que contempló tareas de acondicionamiento en el predio del macrobasural con la realización de trabajos de nivelación de terraplenes, remoción de residuos, compactación de superficie y controles posteriores de parte de Acumar.

En ese orden, se establecieron procedimientos para capacitar a las cooperativas de trabajo en el tema de clasificación de residuos para desarrollarse de manera eficiente en el Centro Integral de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. A su vez, el municipio hizo un planteo consistente a las autoridades de Acumar sobre el equipamiento que aún está pendiente de entrega y que se necesita para completar el 100% de los dispositivos que prevé el sistema de la planta de Cañuelas.

En otro orden el intendente Arrieta formuló un reclamo sobre la representación del municipio en el Hospital Regional de la Cuenca Alta, tanto en el consejo de administración como en las direcciones, estableciéndose el llamado a una nueva audiencia judicial específicamente para resolver esa cuestión particular y analizar las prestaciones de los servicios sanitarios del centro de salud que aún no han reflejado beneficios para los habitantes del distrito.

Sujeto al contexto actual en el barrio La Unión y en razón de las usurpaciones de tierras públicas en general, los representantes del municipio solicitaron ante la presidenta de Acumar la activación de un protocolo de seguridad que atenúe la metodología de organizaciones que se asientan en terrenos bajos o inundables, aprovechándose de la ausencia de una ágil resolución de la justicia.

 

 

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