El fuego avanza, la ayuda no
Por Yamila Larroude
Mientras en Buenos Aires la lluvia no cesa, el sur del país se está quemando vivo. El fuego ya arrasó más de 20.000 hectáreas de bosques en Chubut, Río Negro y Neuquén, y los especialistas afirman que la recuperación de la biodiversidad podría demorar 200 años, casi como toda la historia de nuestra Nación.
Un lugareño de El Bolsón me cuenta que los únicos recursos en la localidad son dos avionetas y dos helicópteros hidrantes que sobrevuelan el cielo de manera permanente buscando apagar tanto dolor. Pero no dan abasto: rutas cortadas, turistas que huyen aterrados, habitantes que resisten y mueren, brigadistas precarizados que arriesgan su vida en medio de una postal distópica, pero Luciano, siempre, recalca la solidaridad de los vecinos que se acompañan y tratan, de la manera que sea, proveer agua a los bomberos.
En medio de este desmadre, no sorprende la inacción del gobierno nacional frente a la devastación de la Patagonia. Existe un plan sistemático que niega rotundamente la existencia y las consecuencias del cambio climático. Ayer fue campaña y hoy es agenda.
Ecocidios, seguidos de desastres naturales incontrolables como los de nuestro sur, exponen que es el Estado quien administra quiénes viven y de qué manera. En medio de una situación catastrófica para la subsistencia de la vida humana, animal y vegetal, queda en evidencia cómo el poder no siempre se ejerce de manera difusa y sutil, sino incluso de la manera más brutal y explicita posible.
No duele que la ayuda demore, duele que la ayuda no exista. No forma parte de las acciones del gobierno y tampoco de la cobertura de la mayor parte de los medios masivos de comunicación.
El conjunto de medidas regresivas en materia ambiental por parte del gobierno nacional, en poco más de un año, incluye:
– Reformas a la Ley de Glaciares (2010) y a la Ley de Bosques Nativos (2007), con el objetivo de eliminar regulaciones que limitaban actividades productivas en ecosistemas protegidos como la minería en zonas periglaciares y la deforestación en áreas resguardadas.
– Eliminación del fondo Fiduciario para la protección ambiental de los Bosques Nativos, mediante el decreto 888/2024
– Retiro de la delegación argentina de la cumbre climática COP29 en noviembre del año pasado
– Aprobación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales y facilita inversiones en sectores extractivos como minería y energía, sin considerar la protección de recursos naturales no renovables.
– Transferencia del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) al Ministerio de Seguridad de la Nación, mediante el decreto 1136/2024, reduciendo el enfoque socioambiental y alineándose con la negación del impacto humano en el medioambiente.
Dicen que este, como tantos otros, es un incendio intencional. Pero también es una decisión política: mientras el fuego avanza, sólo quedan cenizas y la angustia de un Estado ausente.